LA DICTADURA

La larga dictadura de Díaz correspondió a la “segunda revolución industrial” que en las metrópolis produjo el auge de la siderurgia, de los ferrocarriles y de la electrificación, y que requirió de los países periféricos como México, materias primas industriales, petróleo, alimentos y consumidores para sus productos manufacturados, para lo cual fue necesaria la imposición pacífica o violenta del orden capitalista mediante el libre comercio y la inversión extranjera. “Estoy convencido de que la acción particular estimulada por el interés privado es mucho más eficaz que la oficial”.

Particularmente, los Estados Unidos, después de las guerras con México, que le había dado a ganar extensos territorios,  y de Secesión, que había privilegiado su desarrollo industrial, alcanzaron un profundo y rápido cambio económico y social, igual que una creciente influencia internacional que les permitió intervenir, con base en la Enmienda Platt y la política del big stick o gran garrote proclamada por el presidente Theodore Roosevelt, en los asuntos latinoamericanos para garantizar su expansión económica mediante el libre comercio y la inversión directa. En lo interno, habiendo triunfado la república y el liberalismo, para sectores importantes de la sociedad de esa época, lo más importante era la paz que permitiera la reconstrucción nacional y el progreso material, aun a costa de la democracia. De eso, tuvo conciencia Díaz y sacó provecho.

Al asumir por primera vez la presidencia, Díaz tenía que unificar a las fuerzas políticas para obtener la legitimidad y la legalidad de su revuelta, además de lograr el reconocimiento internacional de su gobierno. Nombró un gabinete “tuxtepecano”: Protasio Tagle en Gobernación; Justo Benítez en Hacienda; Ignacio Ramírez en Justicia y Educación; Vicente Riva Palacio en Fomento; Pedro Ogazón en Guerra y Marina e Ignacio Vallarta en Relaciones exteriores. Asimismo, fue incorporando a su gobierno a diferentes grupos y personajes que consideró valiosos para consolidar su poder: Manuel Romero Rubio y Joaquín Baranda, lerdistas; Felipe Berriozábal, iglesista; y hasta un monarquista como Manuel Dublán fueron asimilados al porfirismo.  También logró que el Congreso se integrara en su mayoría con “tuxtepecanos” (113), y con sólo 35 "independientes". A partir de entonces, dominó al Poder Legislativo, que había sido un poderoso opositor del Ejecutivo. Para ello manejó las elecciones de senadores y diputados de manera que sólo tuvieron acceso a las cámaras quienes le eran incondicionales. En el Congreso envejecerían sus partidarios, quienes de un periodo a otro pasaban de diputados a senadores y viceversa. Así, el 5 de mayo de1878, Díaz pudo reformar la Constitución para establecer la no reelección continua, con lo cual dejó abierta la posibilidad de volver al poder tras un periodo intermedio: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre y durará en él cuatro años, no pudiendo ser reelecto nuevamente hasta que haya pasado igual período, después de haber cesado en sus funciones".

Por su parte, el Poder Judicial comenzó su subordinación a los dictados del Ejecutivo en franco oportunismo acomodaticio, de modo que también sus miembros envejecerían con el régimen porfirista.

Ante un ejército numeroso, que consumía gran parte de los recursos del gobierno, en vez del licenciamiento que podía generar asonadas, transfirió a muchos militares a la policía rural, la cual se convirtió en su brazo armado en el campo para aplicar mano dura a delincuentes y descontentos. También nombró gobernadores a prestigiados generales incondicionales para descartarlos como aspirantes a la presidencia de la república. Además, envió tropa a regiones distantes y otorgó  jugosas prebendas a muchos militares. Así obtuvo el apoyo incondicional del ejército y con el tiempo, en la práctica, desapareció el federalismo.

A nivel regional y local, Díaz fue atrayendo, imponiendo o eliminando a los caciques regionales, que ejercían un poder político y económico casi absoluto y que llegaron a constituir la base de la pirámide del poder presidencial, que pasando por los hacendados, jefes políticos y gobernadores, congreso de la unión y suprema corte, tendría como vértice al dictador.

Para cooptar a los disidentes importantes de las clases medias, inició el crecimiento de la burocracia civil y militar que pronto se convirtió en uno de sus principales apoyos, pero que a largo plazo hicieron del gasto administrativo una pesada carga para el erario, a pesar de la reorganización de los ingresos fiscales que hizo Díaz desde el principio de su gobierno. También comenzó una política de conciliación con la iglesia católica que dejó en letra muerta las leyes de reforma por la que habían luchado los liberales: permitió que el clero recuperara propiedades y que restableciera monasterios y congregaciones dedicadas a la educación y beneficencia pública. Mantuvo gran acercamiento con los obispos de las principales diófcesis: Mora y del Río, Montes de Oca, Labastida y Gillow. La Iglesia recuperó su influencia, pero sin responsabilidad alguna, ya que legalmente se había separado del Estado. A cambio; Díaz obtuvo que apoyara públicamente su gobierno y desconociera todo alzamiento popular hecho en su nombre.

En lo externo, para conseguir el reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos, Díaz hizo grandes concesiones a los inversionistas norteamericanos, en primer lugar, la de los ferrocarriles, que a lo largo del porfiriato se fueron concesionando y construyendo, por el norte, de México a Laredo,  pasando por San Luís Potosí, Saltillo y Monterrey; y a Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez) pasando por Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Silao, León, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua. Por el oriente, a Manzanillo, pasando por Toluca, Maravatío, Acámbaro, Morelia, Zamora, la Piedad y Guadalajara. En el istmo, el ferrocarril interoceánico Veracruz-Coatzacoalcos-Salina cruz. En el sureste, el ramal Mérida, Campeche, Muna, Valladolid y Peto. Así también se autorizarían otras conexiones entre algunas ciudades, como las vías inconclusas México-Acapulco y México Tampico. Al efecto se irían constituyendo empresas “mexicanas” (aunque la mayoría de sus miembros fueran extranjeros), con derecho de explotación por 99 años. Los contratos más importantes se firmaron con compañías norteamericanas: James, Sullivan, Symons y Camacho y David Ferguson.

Díaz aceptó el pago de indemnizaciones por daños sufridos durante la rebelión; reconoció la deuda externa; dio permiso a norteamericanos para adquirir bienes raíces en la frontera y se comprometió a la pacificación de la misma. El 11 de abril de 1878, obtuvo el ansiado reconocimiento por el gobierno de los Estados Unidos. Antes se lo habían otorgado España, Inglaterra, Alemania y Bélgica; al final de este primer periodo reanudaría relaciones con Francia.